por Sergio de Castro S.

Master y Doctor en Economía, Universidad de Chicago, EE. UU. Ingeniero Comercial PUC. Ha desempeñado entre otros los cargos de Asesor del Ministro de Economía, Ministro de Economía y Hacienda de Chile. Actualmente desarrolla actividades profesionales y empresariales en el sector privado. Además, es miembro del consejo Directivo de la Facultad y del Directorio de la Fundación de la Facultad.

 
DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO

 

Chile ha ido perdiendo su capacidad de crecimiento de la economía. La crisis asiática y la suspensión del pago de la deuda rusa en 1997-1998, causó
una crisis que afectó a todo el mundo. Algunos países, sin embargo, adoptaron las medidas pertinentes y reiniciaron su crecimiento. Chile no estuvo, desgraciadamente, entre ellos. Mientras en el período 1998-2003, el mundo crecía a un promedio anual de 3,4% y el sudeste asiático a un 6,5%, Chile creció solamente un 2,6% promedio anual. Cifra muy alejada del más del 7% a que crecimos anualmente como promedio entre 1984 y 1997.
La recuperación económica mundial que se ha producido en el presente año es posible que nos lleve a un crecimiento económico del 5,5% que,
siendo muy bueno, es insuficiente para absorber a los más de 100.000 jóvenes que se incorporan anualmente a la fuerza de trabajo y al casi 10% de desempleo existente actualmente.
Este artículo entrega explicaciones para entender los problemas más importantes que han frenado el crecimiento del país y analiza los desafíos para el desarrollo de Chile.

Redistribución del ingreso

El desafío más importante que enfrenta Chile, actualmente, es el de la redistribución del ingreso. Sobre este punto hay, indudablemente, un enorme consenso; a todo nivel, en la población.
Es un hecho que el ingreso del 20% más rico de la población es casi 19 veces el del 20% más pobre. El consenso desaparece cuando se discute la forma en que hay que abordar el problema.
Algunos preconizan alzar los impuestos para poder aumentar el gasto social –especialmente en educación y salud– y otros dan mayor importancia a aumentar el desarrollo económico para así generar más impuestos que financien el gasto social y, al mismo tiempo, aumenten el empleo. La realidad ha sido que, a través de numerosas leyes tributarias, el gasto fiscal (excluyendo intereses e inversión financiera) ha aumentado su participación en el PIB en 4,6% de éste. Si a esta carga tributaria se le suma lo que los ciudadanos aportan a las AFP, a las Isapres y al Fonasa se llega a “tasas tributarias” muy parecidas, e incluso superiores a los de países en que la previsión social y la medicina son de cargo fiscal.

Los problemas en el empleo

Es indudable que el primer paso en la redistribución del ingreso es que los más pobres tengan empleo. Todos están de acuerdo; pero, a pesar de ello, se han aprobado reformas laborales que rigidizan innecesariamente el mercado laboral y crean cesantía especialmente entre los más pobres. Especial mención merece el salario mínimo que en 1997 fue incrementado por ley para los tres años siguientes (1998, 1999 y 2000) en casi 40% en términos nominales lo que se tradujo en un increíble, y exagerado, aumento real del 26%. Tengo la convicción de que la demanda por cualquier bien es de inclinación negativa (si sube el precio la cantidad demandada del bien en cuestión disminuye) y resulta que la demanda por trabajo corresponde a su productividad marginal. Siendo esto así, al elevarse por ley el salario mínimo, en forma exagerada, a los empresarios de los pymes no les queda otra alternativa que disminuir las contrataciones hasta que la productividad marginal del último trabajador contratado se iguale con el aumentado salario mínimo real. Lo peor de esta situación es que si uno tuviera que adivinar a quien más perjudica tal medida tendría que reconocer que a los más pobres –que tienen menos educación y de más mala calidad– y a los más jóvenes, que no tienen calificación laboral. La realidad, desgraciadamente, confirma esta afirmación. El 45,5% de los jóvenes entre 15 y 19 años que pertenecen al 20% más pobre de la población están desocupados. En el mismo quintil más pobre, el 37,9% de los jóvenes entre 20 y 24 años están desocupados1. Este hecho es trágico y ayuda a explicar la delincuencia, la violencia, el narcotráfico y las adicciones que vemos a diario en la televisión teniendo como protagonistas a individuos muy jóvenes. También explica por qué este 20% más pobre de la población tiene una tan baja participación en el ingreso nacional y tanto impacto en la mala distribución del ingreso. Por el solo hecho de que los jóvenes de este quintil bajaran su desempleo a la tasa nacional, la distribución del ingreso mejoraría sustancialmente.Si como en Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda y Suecia no hubiera salario mínimo legal o como en Holanda este fuera para los jóvenes una fracción fuertemente decreciente respecto al de los adultos –entre 39,5% y, 30% para los jóvenes entre 17 y 15 años– tendríamos a gran cantidad de la juventud trabajando y alejados del delito y de las drogas. Y lo que es más importante, adquiriendo valores como la disciplina, la responsabilidad y la cooperación y aprendiendo un oficio que les generaría sustentabilidad en el futuro. Es obvio que Chile necesita leyes pro empleo que flexibilicen el mercado laboral y bajen los costos de contratación; que permitan trabajar con jornadas
más cortas y a distintas horas para las mujeres que son madres y para los jóvenes que deseen estudiar. La flexibilización ha sido verbalmente aprobada por amplios sectores de la sociedad chilena; pero no ha podido llevarse a la práctica porque no es políticamente correcta.
Es urgente rebajar el salario mínimo en términos reales para aumentar el empleo. Si el salario mínimo necesario para tener pleno empleo es socialmente inaceptable, habría que dar un subsidio fiscal, por la diferencia, a todos los que ganaran el salario mínimo y por el plazo que les permitiera capacitarse hasta llegar a ganar el salario mínimo que sea socialmente aceptable. Pero el subsidio fiscal debe ser con cargo al erario nacional y no como una carga inaguantable para las pymes.
Los tratados de libre comercio con EE.UU., con Europa y con Corea y los que vendrán después con el resto del mundo, van a tener un impacto positivo muy importante para Chile. La razón es que Chile es un mercado demasiado pequeño y por lo tanto, necesita acceder a otros mercados
mayores para aumentar sustancialmente su producto nacional. Lograr esto significa incorporar tecnologías modernas que permiten obtener grandes producciones a costos bajos y competitivos.
Estos grandes beneficios de la globalización mundial nos impiden adoptar actitudes voluntariosas en el campo laboral, como lo son los salarios mínimos legales excesivos, pues podemos vernos impedidos de exportar e incluso recibir importaciones desde países que tengan la flexibilidad laboral de que nosotros carecemos. Es así como, con buenas intenciones, se crean niveles de desempleo que, con el tiempo, se transforman en estructurales.