En las últimas décadas nuestro país ha experimentado cambios fundamentales. El Chile de los ochenta no es el mismo que él que nos ha tocado vivir en los inicios del siglo XXI. Para algunos los cambios pueden estar a simple vista si se observan los avances en infraestructura o la masificación de nuevas tecnologías, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida cotidiana. Pero lo cierto es que se han generado otros cambios, menos perceptibles tal vez, pero no por ello menos trascendentes. Me refiero a esos cambios que se han generado al interior del Estado. Aquellos cambios que nos han convertido en un país diferente: un país que emprendió el camino hacia el desarrollado.
En este contexto es importante destacar los pilares que han permitido nuestro crecimiento como Nación. Para comenzar es necesario resaltar nuestro ordenado manejo macroeconómico, el que se traduce en una política fiscal responsable, un tipo de cambio flexible y un Banco Central con rango meta de inflación. Todo ello ha permitido evitar fluctuaciones insostenibles de la macro y enfrentar cada vez mejor las fluctuaciones externas.
Otro eje central ha sido nuestra política de economía abierta, que se traduce en bajísimos aranceles promedio, del orden de 2,01% en el primer semestre, la apertura unilateral y la firma de acuerdos comerciales con Unión Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y EFTA, que se suman a los ya existentes con Canadá, México y países latinoamericanos. Al mismo tiempo nuestro país ha suscrito con diversas naciones acuerdos para evitar la doble tributación, los que permiten que los gobiernos se reparten la carga tributaria, incentivando la inversión y el comercio de servicios.
Asimismo hay que considerar que Chile es reconocido internacionalmente por su buen clima de inversión, lo que se ve avalado por el espacio de participación del sector privado y los bajos índices de corrupción. Lo anterior no sólo se refleja en el históricamente bajo riesgo país, sino que en la posición ocupada por Chile en el ranking de competitividad, elaborado por el Foro Económico Mundial, donde este año avanzó desde el lugar 28 al 22; y en el bajo nivel de corrupción que evidencia el lugar número 20 en el Índice de Transparencia Internacional, muy sobre el resto de Latinoamérica.
Las razones para tales reconocimientos no sólo están en las mejores perspectivas económicas, sino que son un reflejo de las mejoras en calidad de vida, producto de las reformas impulsadas por los gobiernos de la Concertación en materia de educación, salud, justicia, y de los progresos en reducción de los índices de pobreza.
En gran parte estos logros han sido posibles gracias a una democracia consolidada y estable, en la que gobierno y ciudadanos son capaces de alcanzar metas y establecer acuerdos económicos y político-legislativos, en miras de asegurar el desarrollo y bienestar de nuestro país. Como ejemplo de ello, están la Agenda Pro Crecimiento y las 49 iniciativas del “Acuerdo Político-Legislativo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento”, firmado en enero de 2003.
En esta línea se enmarcan la Ley corta de Pesca, la Ley de Plataforma de Inversiones, la Reforma al Mercado de Capitales, la Ley Eléctrica, la Eliminación de Exenciones Tributarias de las FF.AA., entre otras; como también más recientemente en un subgrupo de cambios legales que se refieren a la Modernización del Estado, entre los que destacan la regulación del gasto electoral, el Registro de Receptores de Fondos Públicos y la fijación de las remuneraciones de las autoridades de gobierno y normas de gastos reservados.
Asimismo cabe señalar la tramitación en el parlamento de los proyectos de Certificación de Competencias Laborales, que disminuye asimetrías de información al acreditar en forma estandarizada; Factura como título ejecutivo, que potencia el mercado del factoring y agiliza los trámites judiciales; y Mercado de Capitales II, que fomenta al capital de riesgo y fondos de inversión, flexibilizando la Ley de Sociedades Anónimas.