Al hablar de Modernización del Estado, se tiende a pensar en reformas estructurales de organizaciones y/o en disminuir o agregar ministerios e instituciones. Sin embargo, eso sería partir por lo más difícil políticamente y no necesariamente por aquello que produce más cambios.
En rigor, este tipo de reformas son difíciles de implementar porque significa intervenir en el funcionamiento profundo del aparato público; no se trata sólo de ideas técnicas y computadores sino que hay gente involucrada, por lo que se deben lograr cambios del comportamiento y de la cultura institucional. Para lograr tal efecto es necesario aplicar una importante regla que se cumple, en general, en forma automática en el sector privado y no así en el público: “los incentivos tienen que estar bien puestos” .
En esa línea constituyen un gran logro la aprobación de la Ley 19.886 de Compras Públicas y la Ley 19.882 sobre Nuevo Trato Laboral y Sistema de Alta Dirección Pública.
La primera normativa reforma el mercado de adquisiciones de Gobierno, introduciendo reglas de transparencia, acceso y mejores procedimientos a las compras y contrataciones del Estado. Esto se realiza a través de un portal electrónico de libre acceso, donde se publican las demandas de compras de bienes y servicios, las propuestas de los oferentes y, finalmente, los resultados. Un proceso abierto, en el que cualquier chileno puede simplemente observar o participar si cumple con los requerimientos técnicos y en el que aquellos oferentes que sientan que se ha realizado una adjudicación arbitraria pueden reclamar al Tribunal de Compras. Tribunal independiente que evaluará la situación. Esta modernización en materia de adquisiciones es un complemento de los avances tecnológicos alcanzados gracias a la factura electrónica, firma electrónica y trámites en Internet.

Entre los numerosos beneficios del nuevo sistema electrónico Chilecompra destaca lo que en inglés se llama “accountability”, que se logra a través de la transparencia y genera autorre-gulación. Asimismo, la nueva legislación aumenta la eficiencia del gasto, ya que el Estado cuenta con más alternativas, hay más oportunidades para los proveedores y, a la vez, desafíos para que éstos mejoren la calidad de sus productos y ofrezcan mejores precios al enfrentar mayor competencia. Sin embargo, hay que reconocer que este proceso no ha estado exento de problemas, esta reforma no es tan simple como licitar un sistema e implemen-tarlo. Hay que pensar en un diseño nuevo que no abunda en el mercado; y por ende hay pocos modelos, y en el que intervine un factor humano con sistemas de trabajo profundamente arraigados desde décadas, que es necesario cambiar.
Estos dos últimos aspectos están estrechamente relacionados con la Ley sobre Nuevo Trato Laboral y Alta Dirección Pública; y Leyes sobre remuneraciones de altos directivos públicos.
En rigor, la ley 19.882 no sólo establece una nueva institucionalidad, a través de la creación de la Dirección Nacional de Servicio Civil, sino que cambia radicalmente el concepto de empleado público al incorporar al criterio de experiencia calificada, antaño único parámetro de evaluación, el de capacitación pertinente, evaluación del desempeño y aptitud para el cargo. Todos requisitos que conjugados sistemáticamente permiten seleccionar a los mejores para el ejercicio de la función pública. De esta manera, la antigüedad dejó de ser el principal requisito para que los empleados ascendieran dentro de la carrera funcionaria, abriendo, de esta manera, mayores posibilidades a quienes se esfuerzan en realizar un trabajo de calidad y en mejorar sus capacidades.
La profesionalización de los funcionarios debería traducirse en claras mejoras en atención y servicio a la ciudadanía. Es por ello que la selección por concursos, los establecimientos de metas institucionales, la asignación de sueldo en función del desempeño y la capacitación buscan generar incentivos para que los funcionarios no se queden estancados.

Por otra parte, en cuanto a los directivos, la creación del Sistema de Alta Dirección Pública, representa una suerte de gerencia de recursos humanos en el Estado, que fija con criterio de mercado los sueldos de quienes ocupen cargos de dirección dentro del Gobierno. Para estos directivos se establece un proceso de selección a través concursos
públicos, de los cuales sólo se excluyen Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Embajadores y algunos
Jefes Superiores de Servicio con responsabilidad en el diseño de las políticas públicas. De tal manera, 99 de los 127 servicios de gobierno se acogen al sistema de concursabilidad, a través de un calendario con gradualidad que incluye 53 servicios durante 2004 y los 46 restantes entre 2006-2010. La gradualidad en la implementación de este proceso es muy importante para no provocar una suerte de paralización del sector públicodebutó con la designación del Director de la Unidad de Análisis Financiero, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, recientemente creado por ley para evitar el lavado de dinero.
Todo lo anterior garantiza la profesionalización no sólo de los funcionarios, sino también de los Directores y Gerentes públicos, fundamental para la modernización del Estado.