El cambio en las pruebas de admisión: de la PAA al SIES, PAT y, finalmente, PSU

La inclusión forzosa del 15% de alumnos en riesgo social no ha sido el único caso de experimentación en materia educacional. Uno de los ejemplos más emblemáticos de improvisación en materia de educación ha sido el cambio en las pruebas de admisión a las universidades cuyos efectos negativos y costos se han dejado ver claramente en el corto plazo. En cierto sentido, lo sucedido con el cambio de las pruebas de admisión es iluminador con respecto a los vicios que se manifiestan en el diseño de políticas públicas en educación.
El desarrollo de las nuevas pruebas omitió incluir estudios indispensables para afinar las nuevas pruebas antes de eliminar la PAA y las PCE. Se planteó que el nuevo sistema de admisión "por tratarse de pruebas de conocimientos que evaluarían el 100% de los contenidos mínimos del nuevo currículo de la reforma educacional cubiertos en los
cuatro años de enseñanza media" sería más equitativo para los alumnos provenientes de la educación municipalizada que las antiguas pruebas, nuevamente sin estudios que avalaran tal premisa.
Al estudiar en profundidad el proceso de cambio en las pruebas se advierte que las autoridades educacionales actua-ron no sólo en forma improvisada sino con el agravante de la falta de transparencia a lo largo del proceso, incluso desentendiéndose del evidente mal funcionamiento de las PSU.
A tres años de la aplicación de la PSU, los resultados no han sido alentadores en materia de equidad. El primer año que se aplicó, se presentaron aproximadamente 30,000 postulantes menos que los años anteriores a rendirla, la ma-yoría correspondía a alumnos de la educación municipalizada y a alumnos rezagados que nunca estuvieron expuestos al currículo de la reforma que se estaba evaluando. La equidad no se vio favorecida, al punto que a dos años de su aplicación, el porcentaje de alumnos provenientes de colegios municipalizados que ingresó a carreras en la U. de Chile bajó del 32% en las antiguas pruebas a 25%.
El año 2003, el último en que se empleó la PAA y las PCE como pruebas de admisión, del total de alumnos matricula-dos en la Universidad de Chile, un 32% correspondió a alumnos de escuelas municipalizadas. Este porcentaje bajó a 30% el año 2004 y a 25% el año 2005 con las PSU. Consultado el Rector Riveros acerca de la causa de esta caída que ha cambiado el perfil del estudiantado en la U. de Chile, señaló que ésta se debía a "la [mala] calidad de la enseñanza media que se provee en liceos municipales" (Cambia Perfil Estudiantil, 20/ 8/2005). El problema de esa explicación es que la mala calidad se arrastra por años y no hay razón para pensar que haya sufrido un deterioro adi-cional en los últimos dos años. Otra explicación alternativa, y bastante más razonable que la del Rector, es que la caída puede deberse al cambio de la PAA por la PSU.
A pesar de que hay evidencia de que las nuevas pruebas no han cumplido con la promesa de mayor equidad de opor-tunidades para los postulantes de colegios municipalizados, el cronograma de implementación de las modificaciones de las pruebas ha seguido inexorable.
Este año, para la admisión 2006, se volvieron a incrementar los contenidos a evaluar en la PSU. La meta es evaluar el
100% de los vastos contenidos "mínimos" del currículo de enseñanza media para el año 2007. Es de la más ele-mental lógica que no basta con tener un currículo escrito en el papel, sino que éstas hayan sido cubiertas en clase. ¿Dónde están los estudios que avalan que los alumnos, particularmente los que provienen de los sectores más despo-seídos, están teniendo las oportunidades de aprender lo que en ellas se evalúa? ¿Quién se hace cargo del daño a esas generaciones de alumnos provenientes de escuelas municipalizadas que verán disminuidas sus posibilidades de acceder a los programas de su elección en educación superior por la implementación de estas nuevas pruebas que evalúan contenidos que no están siendo enseñados?.
Indiscutiblemente, quienes pagaron el costo más alto por la forma como se hizo el cambio fueron los postulantes
provenientes de la educación municipalizada y sus familias. Sin embargo, las autoridades han seguido inexorablemen-te adelante con el cronograma, aumentando los contenidos de las pruebas aun cuando hay evidencia de que los esta-blecimientos educacionales no pasan toda la materia. La mayor desventaja recae sobre los alumnos de colegios municipalizados, que no pueden costear preuniversitarios que suplan las deficiencias en su instrucción.
Se podrían seguir describiendo otras instancias de improvisación en la toma de decisiones en materia de políticas
educacionales, pero las anteriores son suficientes para graficar el grave problema que nos aqueja. No se puede pre-tender avanzar por ensayo y error en educación, ni bajo la premisa de que es mejor esconder los errores en lugar de reconocerlos y corregirlos. Tal estrategia a la larga pasa la cuenta, aunque quienes la pagan no sean necesariamente las autoridades responsables de las decisiones. A menos que se revierta este estilo de toma de decisiones y sean los criterios técnicos los que las orienten, deberemos contentarnos con seguir transitando por la vía de la mediocridad educacional.