3. ¿Funcionó la intervención de 1997?

Un efecto favorable de esa intervención fue que una mitad del ahorro en honorarios de vendedores fue traspasada a los cotizantes. La pensión equivalente a 70% de los últimos salarios se recuperó a 73,5%.
Hay tres argumentos en contra de la intervención de 1997: Primero, las utilidades altas de 99-06 han generado insatisfacción y molestia entre los políticos. Esto crea riesgo el riesgo de que se legisle mal. Incluso si se legisla bien (procompetencia), se incentiva a las AFP a subir más las comisiones para aprovechar el tiempo de poca competencia que les queda. Provida y Santa maría subieron sus comisiones a partir del 1º de mayo de 2006.
Segundo, esa intervención hizo posible que tenga éxito una eventual denuncia ante el tribunal de la Libre Competencia por abuso de posición dominante de cada AFP contra sus cotizantes. La insólita defensa sería que la propia autoridad contribuyó desde 1997 a crear esas posiciones dominantes, y que también se explican en parte por una legislación errada dictada en 1980. Peor, ese tribunal no podría remediar el caso, pues todas las soluciones exigen perfeccionar la ley.
Tercero, incentiva un nuevo tipo de lobby de las AFP, que eleva el riesgo político para los dineros de los afiliados. En efecto, algunas AFP grandes podrían intentar defender las utilidades que hoy reciben, ofreciendo a los políticos favores, para postergar o diluir reformas legislativas procompetencia. Los políticos más emprendedores exigirían esos mismos favores.
¿Qué favores? Sesgar su votación en las elecciones de directores de Sociedades Anónimas, a favor de leales de la misma facción del partido. El primer paso en ese esfuerzo de lobby sería invitar a políticos destacados a integrar el directorio de las principales AFP, pues esas posiciones permiten vetar las votaciones de la AFP por directores. Este favor sería difícil de resistir para un político, pues los directorios de las grandes Sociedades Anónimas contro-lan donaciones importantes a las campañas electorales. Un político podría rechazar legislación pro-competencia entre AFP, con tal de lograr este favor de parte de los dueños de AFP.
Otro favor conocido en otros países es que la AFP acepte realizar "Social investing". En tales esquemas los grandes sindicatos y grupos de interés específico con apoyo electoral (ecologistas, abortistas, etc.) emiten listas negras de empresas cuyos títulos no deberían comprar los fondos de pensiones. El político que es director de una AFP grande puede adquirir el apoyo electoral de esos grupos, cambio de bloquear las inversiones de su AFP en la lista negra. Debido a la alta concentración en la gestión financiera, las AFP chicas tendrían que seguir a aquellas AFP grandes que inicien un "Social Investing".
El impacto de este lobby sobre la rentabilidad para los afiliados es potencialmente enorme. De materializarse, la tasa de reemplazo podría caer desde el 73,5% del ejemplo anterior a cifras del orden de 60% o 50%. la intervención del gobierno en 1997-2005 fue negativa.





4. Propuestas deducidas de este diagnóstico

1. Liberar precios: fin a la uniformidad de tasas de comisión en una misma AFP.
2. Crear un nuevo mecanismo de redistribución de ingresos, que sea explícito.
3. Reducir las economías de escala, derogando la ley que empaqueta en una misma firma las operaciones básicas (OB, incluyendo prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia) con la Gestión Financiera (GF, realizada por una
"AFP pura").
¿Qué nuevo mecanismo de redistribución de ingreso? Como el 96% del costo total actual son operaciones básicas, he propuesto financiar esta parte en proporción a la renta imponible (redistribuyendo), con el fin de liberar al precio de la gestión financiera (el 4% restante) de los intentos de redistribuir ingreso Valdés, 2005). El costo de todas las OB sumadas se dividiría por la suma de salarios imponibles de todo el país, determinando una tasa única nacional.
Sin embargo, esto requiere determinar los costos de las OB con un mecanismo objetivo.
Un mecanismo aceptable es crear una "Comisión Compradora de OB"(COB), integrada por representantes de las AFP puras, que licitaría en común el servicio de OB a 10 años plazo, para cada zona geográfica por separado. El precio de esta licitación sería objetivo. Cada AFP pura pagaría a la COB el producto de la tasa única nacional por la renta imponible de cada cotizante.
Debido a la presencia de una única OB en cada región, sería necesario que ésta fuera una "instalación de acceso abierto", para todas las AFP puras que operen en esa región.






5. El diagnóstico hasta aquí es incompleto

Al aplicar las medidas anteriores, habría que liberar los precios a las AFP puras. Pero, ¿quién se atreve? la Comisión Bush 2001 no se atrevió. Otros analistas chilenos tampoco (véalo en esta revista). En el reino unido, Margaret Thatcher se atrevió en 1988 y obtuvo el siguiente resultado: Comisiones altas (triple de las de AFP como % de los fondos). Australia se atrevió a partir de 1993: en el segmento de contacto individual, que cubre a muchas per-sonas de ingreso medio y bajo, las comisiones son el doble de aquellas en el segmento de contacto en grupo, donde dominan los trabajadores de mayores ingresos.
Falta lo siguiente en el diagnóstico: la gran mayoría de los afiliados de ingreso medio y bajo elige no informarse sobre las comisiones. ¿Por qué?
(a) Complejidad. El 95% de los 7 millones de afiliados no tiene fondos mutuos voluntarios; (b) La comisión es descontada del sueldo, nunca pasa por el bolsillo. Por eso, parte de la incidencia se traslada al empleador, quien no elige la AFP; (c) La comisión en cada mes es pequeña. Por eso, el costo de postergar la comparación de precios y el cambio es bajo; (d) El costo de cambiar AFP no es bajo. Se debe visitar una agencia en horario de trabajo, o si no, guardar la cartola, pero sólo el 45% la recibe y lee (según encuesta HLSS02).
Esto se confirma por la evidencia empírica en cuanto a que la elasticidad precio de la demanda que percibe cada AFP individual fue muy baja en los seg-mentos de ingreso medio y bajo, en el período 1993-1997, y que bajó más después (Marinovic y Valdés, 2005). La baja elasticidad precio ha sido confir-mada por otros estudios (Berstein y Ruiz 2005, Cerda 2005).



6. Completando la propuesta

El legislador ha cometido una omisión: si sabe que una gran proporción de afiliados elige no informarse, ¿cómo los deja a merced de los precios que elijan las AFP?. Mi propuesta es similar a la de la Comisión Bush (2001), aunque más liberal. Consiste en crear ayuda experta para elegir la AFP pura más barata, enfocando esta ayuda a los afiliados más desinformados, presumiendo que lo son aquellos con saldo inferior a $X millones. La ayuda consiste en licitar la "AFP pura" en su nombre, a menos que rechacen la ayuda.
El umbral de presunción "X" podría estar entre $2 y $10 millones. Este nivel controla dos aspectos: (a) si 1 millón de cotizantes con sueldo menor de $350 mil pagará o no el margen que permite su insensibilidad a precios (disipado en gasto comercial); y (b) si el segmento de contacto individual cubrirá el 63% o el 93% de los Fondos de Pensiones. Como en ningún caso cubriría menos, el efecto directo de esta propuesta para desconcentrar la gestión financiera parece moderado. Sin embargo, la concentración de la GF también caería porque la licitación sustituye el costo fijo comercial en el segmento licitado, por lo que facili ta la entrada de nuevas AFP puras. Además, al compartirse la economía de escala tecnológica en las OB, desaparece otra fuerza pro-concentración.
Para cerrar, analizamos la crítica de que las licitaciones de AFP Pura (sólo en ese segmento) serán ganadas por postores de baja calidad, que ahorrarán en GF, provocando una caída en la rentabilidad de los fondos. Esto es un error, porque las exigencias en GF no bajarían respecto a la situación actual, que tampoco son inmensas. Continuaría la exigencia de rentabilidad relativa mínima. El benchmark continuaría siendo la cartera elegida por los afiliados que poseen entre 63% y 93% del Fondo, quienes eligen AFP por sí solos. Si una AFP pura que ganó un contrato en el segmento licitado desea captar clientes de alto salario, tendría que lograr una GF tan buena como se requiere hoy. Por el contrario, la licitación abre una oportunidad para aumentar las exigen-
cias GF. Las bases de la licitación podrán incluir premios a la calidad de la GF en función del desempeño, que hoy no existen, copiando técnicas utilizadas por los planes de empleador en EE.UU. y Europa, siempre que un panel de expertos chilenos en finanzas lo apruebe.