Más atingente a la coyuntura actual es la preocupación que plantea Simons respecto al proceso
de ajuste asociado a una organización financiera tradicional, en un escenario donde los bancos
observan un deterioro significativo en la recuperación de sus créditos. Por ejemplo, como conse-
cuencia de una importante caída en el precio de las propiedades, luego que el vigoroso aumento de
este precio alimentó una importante expansión del crédito y la deuda de las personas, como ocurrió
en los Estados Unidos en los últimos años.
En un sistema bancario tradicional, organizado sobre la base de un tipo de cambio fijo entre la unidad
de cuenta y gran parte de los pasivos bancarios(9),sólo se plantean dos opciones de ajuste - claramente
no deseables- para un banco que atraviesa por un fuerte deterioro de su patrimonio: i) la intervención
estatal, lo que supone que se suministran recursos públicos para garantizar la deuda bancaria y; ii) la
quiebra del banco, al estilo predominante en la Gran Depresión, lo que como es obvio, genera incentivos
hacia las “corridas bancarias”, las que terminan complicando a instituciones cuya situación inicial no
lo justificaría(10).
Como ambas soluciones son complejas, puesto que en lo esencial involucran asignar pérdidas, es
habitual que se busque algún esquema intermedio, que resulte políticamente defendible a las autoridades,
lo que dilata el proceso de ajuste y la recuperación de los mercados. En buena medida esto es justamente
lo que hemos presenciado en los Estados Unidos en los últimos meses, en los que se ha transitado entre
la “fórmula de AIG” y la “fórmula de Lehman Brothers”.
Desde esta perspectiva, el problema de la economía no radica en la capacidad de respuesta del sector
privado a los estímulos que pudiera entregar la política económica, sino que en la indefinición del proceso
de ajuste del sector financiero, lo que evidentemente limita la efectividad de cualquier política anticíclica.
De hecho en los episodios de aguda crisis financiera, como el que actualmente atraviesa la economía
norteamericana o la que vivió la economía chilena a comienzos de los 80, las dificultades de numerosas
empresas que da origen el deterioro de la cartera- y eventual colapso- de los bancos que les habían
otorgado créditos, provoca una indefinición respecto a la propiedad y futuro de éstas, proceso que está
íntimamente vinculado a la forma en que se resuelva el problema de debilidad patrimonial de los bancos.
Por otro lado, esta indefinición respecto a la propiedad de un grupo importante de empresas y bancos
inhibe la capacidad de respuesta de la economía a las medidas tradicionales de estimulo a la demanda
agregada y dificulta la superación del cuadro recesivo(11).
Para Simons, una organización financiera coherente con una economía de mercado debe introducir de un
modo explícito el riesgo asociado a la actividad de intermediación en los depositantes. Ello a través de la
creación de “bancos de inversión”, los que emitirían “cuotas” contra sus créditos. De acuerdo con esta
organización, quién sólo busque conservar cierta disponibilidad de liquidez- y no obtener un retorno mone-
tario sobre éste ahorro- debe acudir a bancos del tipo “cajas de seguridad”, en los que existiría una tasa
de encaje de 100% sobre los depósitos.


La reforma bancaria chilena de los 80s

Tras la crisis financiera por la que atravesaron diversas economías latinoamericanas a comienzos de los 80,
adquirió popularidad – especialmente en las economías del Cono Sur- la propuesta de Henry Simons(12).
En el caso chileno, ello se plasmó en la reforma a la ley de bancos introducida en 1986.