Cualquier observador de la discusión de política económica puede notar la relación e influencia que
tienen las consecuencias de los procesos políticos (que van desde los resultados de las elecciones
hasta la promulgación de aspectos legales muy específicos) en la conducción de la economía. La
investigación en economía y en otras ciencias sociales ha intentado entender la relación entre ambas
dimensiones. Es evidente que tanto los resultados políticos afectan a los resultados económicos,
y viceversa. Una amplia literatura ha estudiado esta relación desde un punto de vista conceptual.
La pregunta fundamental de esta línea de investigación es cómo cambios en aspectos políticos y
económicos afectan los incentivos que determinan otros resultados políticos y económicos relevantes.
Desde este punto de vista conceptual, quizás una de las conclusiones más importantes de esta lite-
ratura, es el impacto de la existencia de “contratos incompletos” sobre resultados económicos y polí-
ticos de interés.(1) Esta idea es muy simple: existe una asimetría ex-post entre quien se encuentra
en el gobierno con poder político de jure y quienes no tienen este poder. Generalmente, quien tiene
el poder político no tiene incentivos ex-post a cumplir sus promesas ofrecidas ex-ante.(2) Más aún,
no es posible escribir contratos que hagan posible el cumplimiento de esas promesas. Entonces,
los agentes racionalmente reconocen esta asimetría y ex-ante toman decisiones y diseñan institu-
ciones que permiten evitar este potencial abuso de quienes tienen poder.
Esta simple idea conceptual ha generado alguna literatura que estudia empíricamente el comporta-
miento de los agentes en dimensiones políticas cuando existen contratos incompletos y se pregunta
qué impacto tienen estos comportamientos en resultados económicos y políticos de interés. El salto
desde lo conceptual a lo empírico es, como usualmente sucede, complejo: como investigadores tene-
mos que intentar aislar situaciones y dimensiones en las cuales aplicar las teorías y no confundir las
situaciones y los shocks existentes con explicaciones alternativas.
En un trabajo en conjunto con Miriam Bruhn y Massimiliano Honorato,(3) intentamos estudiar una
dimensión específica de la institucionalidad política donde consideramos que se pueden testear estas
ideas: el estudio de las causas y consecuencias del llamado malapportionment electoral durante y
después de las transiciones a la democracia que se observan en muchos países. Malapportionment
corresponde a desviaciones del principio “un ciudadano, un voto” en la representación del poder legis-
lativo, en particular de la cámara baja.(4) O sea, votantes viviendo en diferentes distritos o zonas
electorales valen de modo diferente cuando sus representantes votan en el parlamento. Por ejemplo,
consideremos el caso de Chile: los 145.574 votantes que votaron en el 2005 por diputados en la
comuna de La Florida eligieron el mismo número de diputados que los 39.481 que votaron en el
distrito 59 que incluye a todas las comunas de la XI región.
Situaciones como la descrita están presentes en muchos países. Para generar una métrica que
permita dar cuenta de la importancia de este fenómeno se puede construir un índice de mala-
pportionment por países (donde 0 significa que se respeta estrictamente el principio de un voto,
un representante y 1 significa que todos los representantes se concentran en un distrito).
La Tabla 1 muestra información para un conjunto de países de America Latina donde, además, se
presenta el año de transición a la democracia, el índice de malapportionment en ese momento y el
valor contemporáneo del mismo índice. Como se puede observar, si bien existe heterogeneidad en
malapportionment, la asignación de votos en las cámaras de diputados de los países se desvía en
varios casos significativamente del principio “una persona, un voto“.(5) Estas desviaciones no sólo
están presentes en el momento de la transición a la democracia, sino que se mantienen en el tiempo.
Interesantemente, además, la última fila de la Tabla muestra que el promedio mundial de mala-
pportionment es menor a lo observado en América Latina sugiriendo que las distorsiones electorales
son usualmente mucho menores a las observadas en nuestro continente.