EDITORIAL

Durante 1998 diversas economías se han visto expuestas a profundas crisis monetarias y financieras. En algunos casos estas tuvieron como resultado una violenta devaluación de la moneda doméstica, en otras una defensa casi "heroica" de la paridad cambiaria por parte de los bancos centrales. En este segundo caso las tasas de interés domésticas tuvieron que alcanzar niveles inusualmente altos, con los consecuentes costos en términos de actividad y empleo. Cualquiera fuese la estrategia utilizada por las autoridades para enfrentar estos "ataques" contra la moneda doméstica, normalmente el sistema financiero resultó dañado -en mayor o menor medida- como consecuencia de este episodio.

La búsqueda de un sistema monetario eficiente para economías pequeñas, en un mundo financieramente integrado, tiene una larga historia en teoría monetaria. Sería inapropiado pretender que resumir el tipo de consideraciones usualmente planteadas al momento de definir este sistema óptimo, entendiendo como tal, el conjunto de reglas e instituciones bajo las cuales se realiza la creación de dinero nacional. Sin embargo, de la revisión de los diversos "ataques monetarios" observados durante el año, incluyendo los episodios de comienzos y mediados de año en Chile, surgen ciertas lecciones, de larga tradición en la teoría, de frecuente olvido en la práctica.

Un aspecto sobresaliente dentro de algunos episodios de "ataque especulativo", como los observados este año en Chile, ha sido la importancia que tuvo en estos la carencia de un compromiso explícito de la política económica con determinadas reglas de acción vigentes, como por ejemplo, con la política cambiaria. Es bien sabido que las expectativas del público son un aspecto central en la determinación del efecto de determinados cambios en las condiciones en que se desenvuelve la economía, sobre el desempeño posterior de esta. Así, movimientos en el precio del cobre o el tipo de cambio de otras economías, pueden ocasionar diferentes efectos de corto plazo, dependiendo de cómo los perciba el público. Ciertamente, esta percepción será influida, en algún grado, por la reacción que exhiban las propias autoridades frente a esta coyuntura. No es difícil comprender, entonces, que respuestas descoordinadas de las autoridades monetarias y fiscales, frente a cambios en el escenario externo, llevarán a una mayor confusión en los agentes económicos, y posiblemente a una mayor desconfianza en torno a la continuidad de la estrategia de política vigente. La experiencia chilena reciente es un ejemplo concreto al respecto. Es indudable que la existencia de un banco central autónomo supone un cierto grado de negociación entre las autoridades fiscales y monetarias, lo que en algún grado representa un elemento de tensión sobre la economía. Podría considerarse este como uno de los costos de la autonomía. Sin embargo, es indudable que la magnitud de este costo se relaciona directamente con el grado de discreción que tengan las decisiones económicas de corto plazo. En particular, en lo relativo a la política cambiaria. Así, en tanto se deje atrás una estrategia de tipo de cambio administrado, y se reemplace por un esquema de tipo de cambio libre o una junta monetaria ("currency board"), gran parte de los costos de coordinación, y las consecuentes crisis de expectativas, desaparecen, o al menos se reducen significativamente. La solución de "reglas", una vez más.

Un segundo aspecto que surge de la revisión de las crisis monetarias registradas en diversas economías emergentes en el presente año, dice relación con la importancia de la estabilidad y supervisión del sistema financiero. Es prácticamente imposible que un banco central pueda sostener una determinada regla monetaria o cambiaria, en ausencia de un sistema financiero sano y fuerte. Es bien sabido que la existencia de seguros-implícitos o explícitos-sobre los depósitos, hace que la permanencia de una determinada estrategia monetaria dependa en último término de las necesidades del mercado financiero. Como señaló hace muchos años el destacado economista norteamericano Henry Simons, la solución a este problema atraviesa por "romper el puente" entre el mercado financiero y monetario. Ello implica restringir severamente la garantía a los depósitos, promover la supervisión financiera privada, como también los mecanismos privados de ajuste. Parte de estas enseñanzas se incorporaron en las reformas a la ley de bancos implementadas en Chile en 1986. Esta constituye una de las reformas menos publicitadas y conocidas del programa de ajuste estructural implementadas la segunda mitad de los 80. Sin embargo, un cuidadoso análisis del mismo debería llevar a reconocer que en dicha reforma se encuentra un ingrediente importante de la estabilidad monetaria, en la medida en que se promueven las condiciones para una mayor independencia efectiva de la política monetaria y cambiaria.

Comité Editorial